Impacto regulatorio

Susana Jiménez

La semana pasada se publicó la Ley

N° 21.014, la que se suma a más de 820 nuevas leyes totalmente tramitadas en los últimos diez años, y a más de 5.400 iniciativas legales presentadas ante el Congreso en el mismo periodo. Cada una de ellas da origen a normativas y procedimientos que engrosan día a día la maraña regulatoria existente.

Muchas de esas propuestas conllevan además costos importantes, que eventualmente superan los beneficios que se buscaron alcanzar. Abundan los ejemplos donde el remedio ha sido peor que la enfermedad; por nombrar algunos, las ampliamente criticadas reformas en materia tributaria, laboral y otras de carácter sectorial.

Es por ello que la OCDE propuso hace cinco años atrás evaluar el impacto en etapas tempranas de la formulación de nuevas propuestas regulatorias. Eso significa identificar el objetivo a alcanzar, analizar las distintas alternativas para lograrlo y evaluar los costos y beneficios de la medida propuesta. Lo anterior tuvo eco en Chile, tanto en la Agenda de Productividad del actual gobierno, como en la Comisión Nacional de Productividad. Esta última recomendó que las leyes y programas del gobierno, en su etapa de aprobación, contengan una evaluación anticipada de los efectos sobre la productividad de la iniciativa.

Hace un año atrás la idea fue recogida por el Ejecutivo a través de un instructivo que señaló que los proyectos de ley que tengan impacto regulatorio -es decir, que puedan modificar los incentivos o el comportamiento en ámbitos económicos- deberán ser acompañados de un informe que analice su efecto esperado en materia de productividad. A la fecha ya han ingresado dos proyectos de ley con Informe de Productividad: el que Regula la Protección y el Tratamiento de Datos Personales y el que crea el Servicio Nacional Forestal. Si bien los informes no son muy elaborados, es esperable que con el tiempo sean perfeccionados conforme se adquiera mayor experiencia.

La medida, por tanto, apunta en la dirección correcta. Lo importante es que sea bien implementada para evitar que se reduzca a un mero gesto. Por ejemplo, podría promoverse que alguien externo audite los informes para asegurar su seriedad y calidad. De esta forma, el Informe de Productividad podría convertirse en un instrumento eficaz para mejor regular y legislar, al exigir un análisis más agudo basado en criterios objetivos de evaluación.

Uno de los resultados a aspirar, entonces, es que las malas propuestas sean rediseñadas antes de ingresar al Congreso, si es que se descubre que tienen un impacto indeseado. Algo que en el futuro podría frenar iniciativas como la anunciada reforma de pensiones, puesto que para lograr aumentar las pensiones actuales y futuras, definitivamente hay mejores opciones que aplicar un impuesto al trabajo, desempolvar añejos sistemas de reparto y crear un monopolio estatal para la gestión de los recursos.

Podría incluso esperarse que con la experiencia ganada puedan a la larga eliminarse regulaciones existentes que están obsoletas, son incoherentes, están duplicadas o simplemente son demasiado gravosas. Quizás ese día constatemos que son más las regulaciones que sobran que las que faltan.